Archivos para mayo, 2017

 

Los periodistas en Chihuahua nos encontramos en un estado de emergencia. De acuerdo con el informe más reciente de Artículo 19, correspondiente al año 2016, es uno de las entidades más peligrosas en México para el ejercicio del periodismo.
La Red de Periodistas de Juárez tiene documentados 22 homicidios de periodistas y comunicadores de 2000 a 2017 en el estado de Chihuahua, así como decenas de agresiones que han enfrentado los colegas en distintas regiones de la entidad, todos estos casos en la impunidad.

Diecinueve de estos homicidios ocurrieron en los últimos 11 años, mismo período en el que los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, han sido omisos en adoptar disposiciones que contribuyan a la protección de los periodistas y cumplir con sus obligaciones de desarrollar e implementar medidas de prevención, promover reformas para mejorar la situación que enfrentan los periodistas, promover el reconocimiento público y social de su labor, así como investigar y sancionar las agresiones.

Es evidente que no ha existido ni existe capacidad ni voluntad política. Llegan tarde al tema de seguridad y protección para los periodistas. Nos abandonaron. Por ello es nuestro reclamo, porque nos resultan insuficientes sus compromisos y sus pronunciamientos con frases vacías.

Y peor aún cuando el escenario se agravó en los últimos cinco meses en el estado, donde han ocurrido dos homicidios de periodistas, Jesús Adrián Rodríguez Samaniego y Miroslava Breach Velducea, los que se mantienen en la impunidad; así como el exilio de otra colega, caso exhibido públicamente por el gobernador cuando se trataba de una condición de secrecía por cuestiones de seguridad.

Asimismo, desde instancias del Gobierno del Estado se ha venido realizando una estrategia de estigmatización para descalificar el trabajo de los periodistas, lo que nos sitúa en un entorno de mayor vulnerabilidad y violencia, porque se genera y promueve un clima de odio en contra del gremio.

Ahora nos encontramos ante una ley de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en el estado, con una iniciativa que se había mantenido congelada desde el 2014 en el Congreso del Estado.

La Red de Periodistas de Juárez acude a esta consulta pública para manifestar que los periodistas no necesitamos más leyes, sino que se haga cumplir lo que ya existe y se encuentra vigente, consagrado desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: los artículos 6° y 7°, donde se establece el derecho a la libertad de expresión, así como la obligación del Estado Mexicano a respetar dichas garantías.

También lo que establece la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, vigente en el país desde 2012, toda vez que recoge los compromisos, obligaciones, resoluciones y recomendaciones de organismos internacionales en materia de libertad de expresión.

Además, que se aplique el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se deriva de la misma Ley, y que se cumpla con el Convenio de Cooperación firmado por esta instancia Federal con el Gobierno del Estado de Chihuahua en julio de 2012, mismo que se encuentra vigente.

No necesitamos nuevas leyes, necesitamos acciones reales: JUSTICIA para los homicidios y agresiones en contra de los periodistas en Chihuahua. RESPETO a la labor periodística y a la crítica, que no se quede sólo en el discurso y en el papel.

Exigimos que nos dejen de llamar desde las instancias oficiales “extorsionadores”, “chayoteros”, “periodistas de cuidado”, “mediocres”, “pusilánimes” y demás adjetivos utilizados por servidores públicos, porque todo este ambiente nos ha hecho perder la confianza en el Estado, no creemos que nos pueda proteger cuando se ha convertido en uno de nuestros principales agresores.

Por lo que demandamos al Poder Legislativo que exhorte al Ejecutivo estatal que trabaje en los términos a los que está obligado por la Ley, el Mecanismo y el Convenio, pero sobre todo para abatir la impunidad en la que se mantienen todos los casos de agresión.

A estas exigencias de la Red de Periodistas de Juárez se suman al menos 32 periodistas en activo en la ciudad, que en un ejercicio de diálogo nos manifestaron sus demandas y nos pidieron darles voz en esta consulta.

Este momento puede representar un parteaguas para la protección de los periodistas en Chihuahua, para abandonar la simulación y acabar con la impunidad histórica.

Los periodistas refrendamos que seguiremos haciendo nuestro trabajo, no daremos ni un paso atrás en nuestra labor de informar, porque es un derecho de los ciudadanos de saber y la sociedad requiere ahora más que nunca estar bien informada para poder contrarrestar los muchos problemas que enfrenta.

Justicia, porque la impunidad nos está matando.

Red de Periodistas de Juárez, 26 de mayo de 2017.

reddeperiodistasdejuarez.org

Facebook: redperiodistas.dejuarez

Twitter: @PeriodistasJz

 

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa que hoy se conmemora, la Red de Periodistas de Juárez denuncia y recrimina el nuevo modelo de comunicación pública instrumentado desde el Gobierno del Estado de Chihuahua, no sólo porque atenta en contra del libre ejercicio del periodismo, sino porque genera y promueve un clima de odio en contra del gremio.
Aun cuando esta situación ha sido expuesta y cuestionada por varios colegas a funcionarios estatales, y hasta al gobernador Javier Corral, en más de una ocasión y en distintos escenarios, la estrategia de descalificación en contra de los periodistas continúa y cada vez más se radicaliza en Chihuahua por parte de servidores públicos, particularmente los encargados del área de Comunicación Social.
Diversos elementos muestran que tan sólo en las oficinas estatales en Ciudad Juárez se considera que los periodistas e integrantes de los diferentes medios privados de comunicación son parte de un frente a combatir.
En lugar de generar dinámicas de comunicación que permitan que los hechos y decisiones tomadas en las oficinas de Gobierno sean del dominio público y sujetos a debate, se optó por el control de la “agenda”.
Un ejemplo de ello lo deja de manifiesto el jefe del Departamento de Comunicación Social en Ciudad Juárez, Luis Antonio Cardona Galindo, en conversaciones vía mensaje de texto con otros integrantes de esa oficina asignados a distintas dependencias.
Tal situación está plenamente documentada en una serie de fotografías de las conversaciones entre varios voceros estatales a través de un chat a través de WhatsApp, las cuales se hicieron llegar a la Red de Periodistas de Juárez.
“Es aquí donde el que pega una vez, pega dos veces. Lo que sigue es continuar con lo nuestro. La agenda la marcamos nosotros. Actuemos libres, sin temor. Ellos nos necesitan. No somos absolutamente culpables de lo que sus empresas no cubren”, dice Luis Cardona en mensajes de texto enviados a un grupo de empleados y a los que se tuvo acceso.
El servidor público, quien anteriormente se desempeñó como periodista y denunció agresiones en su contra, gira diversas instrucciones al personal de Comunicación, a quienes les recuerda que “los reporteros no son nuestros amigos” y que “cuando nuestros funcionarios no pueden declarar, no declaran. Así de sencillo”.
Otros términos usados por el funcionario son: “El pendejo de Eleazar Lara no tuvo de leer siquiera la disculpa pública del Estado”; “Lucy Sosa sale a defender al pasquín donde escribe, con un hashtag #noteequivoques cómo estará el pesebre que tiene que usar redes para defender su periódico corrupto y agachón. Seguro usará la red de periodistas para victimizarse, mediocres, pusilánimes”; “qué tan jodido está el texto que firma Mijarez que deben contratar una firma que les sirva de fuente…”.
Estas conversaciones se suman a un oficio difundido ayer por el Canal 5, en el que también exhibe la existencia de criterios de comunicación social que, lejos de tratar de vincular a la ciudadanía con el trabajo gubernamental, enlista a los medios y a sus periodistas por grados “de cuidado”.
Desde esta Red, formada por periodistas en activo, se le recuerda al actual Gobierno del Estado que ya exhibió listas de empresas de medios y particulares que recibieron contratos económicos de comunicación social con el anterior gobierno, y que en éstas no aparece ninguno de los periodistas mencionados en las conversaciones en las que se les asignan categorías y calificativos.
No hay, por ningún motivo, justificación para el grado de confrontación con los representantes de los medios que se exhibe en las conversaciones y el documento exhibido como “Análisis de medios y reporteros”.
El gobernador Javier Corral ha denunciado que el Gobierno o priista que lo antecedió utilizó recursos públicos para silenciar voces críticas y comprar líneas editoriales con dinero público.
Sin embargo, el actual, panista, utiliza la descalificación generalizada contra la prensa para acallar las críticas y argumentos que rayan en la ideología.
Por ser éste un Gobierno de alternancia, el resultado del cambio en Chihuahua resulta meramente nominal ante esta continuidad de la ambición por controlar la libre expresión, corazón mismo de la democracia.
En un entorno de vulnerabilidad, violencia e impunidad generalizada en la entidad, este comportamiento sólo genera mayor desconfianza hacia autoridades que, aun con cambios de partido, no muestran compromisos claros con la libertad de expresión, sino más bien operan en la lógica de la vendetta y, como muestran los comentarios anteriores, la ideologización de un trabajo que no tiene más que hacer RESPETAR las garantías consagradas en la Constitución del país y el trabajo periodístico.