En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa que hoy se conmemora, la Red de Periodistas de Juárez denuncia y recrimina el nuevo modelo de comunicación pública instrumentado desde el Gobierno del Estado de Chihuahua, no sólo porque atenta en contra del libre ejercicio del periodismo, sino porque genera y promueve un clima de odio en contra del gremio.
Aun cuando esta situación ha sido expuesta y cuestionada por varios colegas a funcionarios estatales, y hasta al gobernador Javier Corral, en más de una ocasión y en distintos escenarios, la estrategia de descalificación en contra de los periodistas continúa y cada vez más se radicaliza en Chihuahua por parte de servidores públicos, particularmente los encargados del área de Comunicación Social.
Diversos elementos muestran que tan sólo en las oficinas estatales en Ciudad Juárez se considera que los periodistas e integrantes de los diferentes medios privados de comunicación son parte de un frente a combatir.
En lugar de generar dinámicas de comunicación que permitan que los hechos y decisiones tomadas en las oficinas de Gobierno sean del dominio público y sujetos a debate, se optó por el control de la “agenda”.
Un ejemplo de ello lo deja de manifiesto el jefe del Departamento de Comunicación Social en Ciudad Juárez, Luis Antonio Cardona Galindo, en conversaciones vía mensaje de texto con otros integrantes de esa oficina asignados a distintas dependencias.
Tal situación está plenamente documentada en una serie de fotografías de las conversaciones entre varios voceros estatales a través de un chat a través de WhatsApp, las cuales se hicieron llegar a la Red de Periodistas de Juárez.
“Es aquí donde el que pega una vez, pega dos veces. Lo que sigue es continuar con lo nuestro. La agenda la marcamos nosotros. Actuemos libres, sin temor. Ellos nos necesitan. No somos absolutamente culpables de lo que sus empresas no cubren”, dice Luis Cardona en mensajes de texto enviados a un grupo de empleados y a los que se tuvo acceso.
El servidor público, quien anteriormente se desempeñó como periodista y denunció agresiones en su contra, gira diversas instrucciones al personal de Comunicación, a quienes les recuerda que “los reporteros no son nuestros amigos” y que “cuando nuestros funcionarios no pueden declarar, no declaran. Así de sencillo”.
Otros términos usados por el funcionario son: “El pendejo de Eleazar Lara no tuvo de leer siquiera la disculpa pública del Estado”; “Lucy Sosa sale a defender al pasquín donde escribe, con un hashtag #noteequivoques cómo estará el pesebre que tiene que usar redes para defender su periódico corrupto y agachón. Seguro usará la red de periodistas para victimizarse, mediocres, pusilánimes”; “qué tan jodido está el texto que firma Mijarez que deben contratar una firma que les sirva de fuente…”.
Estas conversaciones se suman a un oficio difundido ayer por el Canal 5, en el que también exhibe la existencia de criterios de comunicación social que, lejos de tratar de vincular a la ciudadanía con el trabajo gubernamental, enlista a los medios y a sus periodistas por grados “de cuidado”.
Desde esta Red, formada por periodistas en activo, se le recuerda al actual Gobierno del Estado que ya exhibió listas de empresas de medios y particulares que recibieron contratos económicos de comunicación social con el anterior gobierno, y que en éstas no aparece ninguno de los periodistas mencionados en las conversaciones en las que se les asignan categorías y calificativos.
No hay, por ningún motivo, justificación para el grado de confrontación con los representantes de los medios que se exhibe en las conversaciones y el documento exhibido como “Análisis de medios y reporteros”.
El gobernador Javier Corral ha denunciado que el Gobierno o priista que lo antecedió utilizó recursos públicos para silenciar voces críticas y comprar líneas editoriales con dinero público.
Sin embargo, el actual, panista, utiliza la descalificación generalizada contra la prensa para acallar las críticas y argumentos que rayan en la ideología.
Por ser éste un Gobierno de alternancia, el resultado del cambio en Chihuahua resulta meramente nominal ante esta continuidad de la ambición por controlar la libre expresión, corazón mismo de la democracia.
En un entorno de vulnerabilidad, violencia e impunidad generalizada en la entidad, este comportamiento sólo genera mayor desconfianza hacia autoridades que, aun con cambios de partido, no muestran compromisos claros con la libertad de expresión, sino más bien operan en la lógica de la vendetta y, como muestran los comentarios anteriores, la ideologización de un trabajo que no tiene más que hacer RESPETAR las garantías consagradas en la Constitución del país y el trabajo periodístico.
